Un reciente informe del sitio Chequeado analiza el estado del cine argentino en el contexto de las políticas impulsadas por el gobierno nacional y ofrece un panorama marcado por recortes, cambios regulatorios y señales de alerta para el sector. 

Uno de los datos más significativos es la fuerte caída en el financiamiento a la producción: en 2025 el fomento se redujo un 81,8% respecto de 2023, a pesar de que estos recursos provienen de impuestos específicos del propio sector audiovisual. 

A su vez, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales perdió alrededor del 50% de su presupuesto real en los primeros años de gestión. Los recortes impactaron especialmente en las líneas de financiamiento a la producción, la exhibición y plataformas públicas, al tiempo que crecieron proporcionalmente los gastos administrativos. 

En paralelo, se implementaron modificaciones normativas que afectan al funcionamiento de la industria: se limitaron los subsidios, se eliminó la cuota de pantalla para el cine nacional y se avanzó hacia la eliminación del esquema de financiamiento específico a partir de 2028, lo que implicaría que el sector dependa del presupuesto anual del Estado. 

Aunque el impacto pleno aún está en desarrollo —debido a los tiempos propios de producción del cine—, ya se observan señales preocupantes. En 2026 se proyecta una caída significativa en los estrenos nacionales, que podrían ubicarse por debajo de los 100 por primera vez en más de una década. 

Otro dato que se destaca y preocupa es el destino de los fondos: parte del superávit del INCAA fue invertido en instrumentos financieros del Tesoro, en lugar de destinarse al fomento de la actividad, lo que refuerza el cambio en la orientación de la política pública hacia el sector. 

Este escenario configura un proceso de transformación profunda en el cine argentino, donde la reducción del apoyo estatal, la modificación de reglas históricas y la reasignación de recursos plantean más interrogantes sobre la sostenibilidad de la producción nacional.